En primer lugar, la encuesta revela que la intención de voto para los próximo comicios se divide entre un 29% para el oficialismo y un 29% para la oposición.
Pero cuando se agrega al cuestionario el partido político es LLA quien lidera con un 27% la encuesta, seguido por el peronismo con un 24%. En esa caso, la diferencia es entonces de 3% pero acentúa la tendencia de la división del voto entre ambos partidos políticos.
karina-milei-encabezo-un-acto-de-la-libertad-avanza-en-caba-foto-prensa-la-libertad-avanza-O52RCWEIHVBYZHBQYV66RRIOI4.avif
Los otros resultados del relevamiento
El informe también reflejó caídas en la percepción del Gobierno nacional respecto al año anterior. Por ejemplo, al evaluar la satisfacción general con la administración de Javier Milei, solo un 36% de los encuestados expresó estar conforme con la situación del país, mientras que el 61% se manifestó insatisfecho.
Además, la valoración positiva al Ejecutivo cayó al 31%, mientras el Poder Judicial obtuvo un 16% de aprobación, el Senado un 14% y la Cámara de Diputados un 13%.
Respecto a la figura presidencial, la aprobación de Milei en su segundo año de mandato descendió a 45%, frente a una desaprobación del 52%.
Los temas que más preocuparon a los argentinos entrevistados fueron la delincuencia (40%), la pobreza (32%) y los bajos salarios (29%). Y cuando se les preguntó por la comparación de la situación actual con la de hace un año atrás el 42% dijo cree que el país está peor, mientras que el 35% consideró que ha mejorado.
En cuanto a las expectativas para el próximo año, el 39% de los encuestados afirmó que la situación mejorará, mientras que el 33% expresó que teme que empeore.
La popularidad de las principales figuras políticas también mostró un descenso. Los dirigentes mejor valorados son Javier Milei (43%), Victoria Villarruel (42%) y Patricia Bullrich (40%).
El 71% de los encuestados consideró que la promoción de la criptomoneda $LIBRA por parte de Milei tuvo un impacto negativo. También un 54% de los participantes rechazó la designación de jueces en la Corte Suprema a través de un decreto presidencial.