Cada vez más cerca el llamado a indagatoria para Alberto Fernández ¿Por qué la defensa del ex presidente evalúa recusar al fiscal González?
El 8 de octubre la justicia obtendrá acceso al contenido del teléfono de Fabiola Yáñez, cuando se realice la copia forense en España. Se trata de una de las pruebas fundamentales en la causa por presunta violencia de género contra Alberto Fernández. Es el elemento decisivo que le falta al fiscal Ramiro González para llamar a indagatoria al expresidente.
En el inicio de la investigación, esperaban que la ex primera dama enviase el dispositivo a través su hermana o su mamá, en las ocasiones en que viajaron para declarar como testigos, desde el lugar donde reside Yánez en Madrid a Buenos Aires. Luego trascendió que Fabiola prefería un procedimiento que le permitiera conservarlo. Para evitar más demora, el juez Julián Ercolini habilitó la realización de una copia forense del teléfono en España.
La defensa de Alberto Fernández apeló ante la Cámara Federal, pero resultó rechazado porque los jueces entendieron -por mayoría-, que la información se descargará de un teléfono que no está secuestrado por la justicia, sino en poder de la víctima.
En su fallo señalaron que la obligación de asegurar la inalterabilidad de los datos que surjan de la copia forense se hará operativa desde que se los tenga a disposición. Indicaron que así como no se le ha negado a Fernández el control sobre las distintas instancias del procedimiento a realizar, ni sus facultades de confrontarlos o intentar cuestionarlos, en el futuro podría eventualmente debatir lo que sobrevenga del análisis del contenido.
Con el fallo de la Cámara, la justicia libró un exhorto internacional solicitando a la cancillería argentina que tramitase la intervención del Ministerio Público Fiscal español.
Finalmente, se resolvió que el martes próximo se lleve a cabo la copia de la memoria del celular con un objetivo clave: “contar con la evidencia digital” que confirme que los chats y las fotos con los moretones en el ojo de Fabiola están en su teléfono.
Los encargados de analizar el caso le dijeron a A24.com que conseguir la copia forense del teléfono es “indispensable para conocer con más detalle el vínculo, las formas, los modos y todo otro dato acerca de la comunicación entre ellos”.
Fuentes judiciales precisaron que los tribunales españoles son los encargados de citar a Fabiola Yáñez para que aporte su celular. Cuando se presente el próximo martes deberá entregar la contraseña o el pin del dispositivo, y si se lo piden, modificarlo por un número fácil de recordar para los operadores.
Buscarán datos almacenados en el espacio interno y externo del teléfono, accediendo a la copia de seguridad. Una vez que se complete la extracción le devolverán el aparato.
La copia forense se realizará sobre la totalidad del contenido almacenado en el dispositivo, y se aplicará una combinación alfanumérica con el propósito de garantizar la confidencialidad de la información personal de Yánez. No obstante, la investigación se concentrará en el material vinculado con el objeto del expediente.
Asimismo, en el exhorto se solicitó custodiar la prueba digital en un soporte físico que deberá ser trasladado a nuestro país en una valija diplomática, acompañada por un agente designado, hasta que se entregue en los Tribunales de Comodoro Py.
El camino de las pruebas contenidas en el teléfono de Fabiola Yánez partirá de España posiblemente el mismo martes, y cuando llegue a Buenos Aires será trasladado hasta la Fiscalía de Ramiro González, donde está dispuesto guardar el soporte en un lugar seguro, a fin de preservar correctamente su contenido y la cadena de custodia de la prueba.
Con la intervención de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), la tarea se enfocará en cotejar chats, fotos y videos que forman parte del expediente. En este sentido tienen que verificar nueve hechos de violencia desde 2016 hasta la fecha.
El informe de la DATIF será fundamental para completar la primera etapa de la pesquisa, que dejaría al fiscal González en condiciones de pedir el llamado a indagatoria de Alberto Fernández para que se defienda en principio de la imputación por lesiones leves y graves, doblemente agravadas, abuso de poder y amenazas coactivas.
La semana pasada se inauguró un nuevo round en la causa de violencia de género contra Alberto Fernández, que derivó en un expediente paralelo a cargo de la fiscalía de Ramiro González.
La defensa del exmandatario pidió que se revise la legalidad de los testimonios, por lo que solicitó a la justicia que libre un oficio al presidente Javier Milei, y a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, para que desarrollen los alcances del acuerdo de confidencialidad.
Los abogados de Fernández quieren saber si existió o no incumplimiento del acuerdo de confidencialidad para los testigos propuestos por ellos, y también para los otros testigos citados por la fiscalía, la ex secretaria María Cantero; y el ex intendente de la quinta de Olivos, Daniel Rodríguez.
El planteo fue la reacción a la decisión de Ramiro González de dejar sin efecto las declaraciones de los testigos de la defensa: Amalia Tereza Moreno, Karina Daniela González y Noelia Del Valle Gómez.
La fiscalía había decidido la suspensión porque la querella planteó que la semana anterior, otra testigo propuesta por la defensa, se refirió a la intimidad de Fabiola Yánez sin que la ex primera dama la haya relevado del convenio de confidencialidad; y como consecuencia de ello solicitó que se anule la declaración.
Para la defensa del ex presidente “resulta llamativo que, a instancias de una denuncia realizada por la querella que representa a la supuesta víctima de esta situación; la víctima, Fabiola Yáñez, esté intentando colocarle un bozal a las empleadas y personas de suma confianza que compartieron la intimidad de la vida en Olivos. Es decir, en síntesis, la querella no quiere que las personas que trabajaron en Olivos y conocen la intimidad, declaren. Pocas veces se ha visto que una “víctima de violencia de género” no quiere que las personas que convivieron con ella declaren”.
Lo que los abogados consideran una diferencia de criterio, que según ellos se estaría manifestando en un tratamiento diferencial hacia los testigos, podría constituir una motivación para solicitar la recusación del fiscal Ramiro González. Pudimos saber que por el momento no han tomado una determinación al respecto, pero es una de las opciones que están evaluando.
Como sea, en los Tribunales observan la actitud de la defensa como un mecanismo para ganar tiempo y alejar la fecha del eventual llamado a indagatoria, mientras que hacen notar que las declaraciones de los testigos del exmandatario, en el marco de la causa judicial, rozaron el riesgo de falso testimonio.
A todo esto, el fiscal González citó a declarar al escribano Lisandro Barga, quien dio fe de las declaraciones juradas que presentó en sobre cerrado la abogada de Fernández, Silvina Carreira.
En su exposición, Barga remarcó que “lo autenticado es la declaración, no el contenido. Yo no sé si el testigo miente o no. Yo veo que no hay una presión al testigo para que declare. Lo autenticado es el instrumento público que yo escuché”.
