La operación incluyó la transferencia del 63,7% de las acciones que pertenecían al Estado nacional, el 21% de la provincia de Mendoza, el 5% de la familia Pescarmona y un 10% en manos de acreedores.
Los detalles detrás de la privatización de IMPSA
La privatización de IMPSA fue lanzada a principios de octubre del año pasado. La intención oficial era cerrarla antes de fines de 2024, pero la oferta del único grupo que se presentó al proceso de licitación, la estadounidense ARC Energy, y algunas condiciones no convencieron al Gobierno, por lo que la operación se demoró.
ARC Energy había propuesto una capitalización de US$27 millones en la metalúrgica a mediano plazo y pidió poder renegociar los contratos que IMPSA tiene con otras empresas con participación estatal, como YPF, Yacyretá, Nucleoeléctrica -que gestiona las centrales nucleares- y el Ministerio de Defensa.
Según los datos del Gobierno, IMPSA arrastra una deuda de más de US$570 millones, principalmente con el Banco Nación, el BICE y el BID, que los inversores estadounidenses buscan renegociar y tener un principio de acuerdo para el mes próximo.
La histórica metalúrgica realiza trabajos en el país para la represa Yacyretá; las tres centrales nucleares que gestiona Nucleoléctrica, YPF y otras petroleras que operan en Vaca Muerta, así como grandes compañías a nivel local e internacional. Emplea hoy a 660 trabajadores. En Mendoza la expectativa es que la privatización reactive las operaciones.
Había sido estatizada en 2021 por la gestión de Alberto Fernández. En ese momento, el Estado nacional se quedó con el 63,7% de las acciones y Mendoza con el 21,2%. El gobierno provincial habilitó en septiembre el traspaso. El resto de las acciones se reparten entre el 9,78% de un fondo de acreedores y el 5% que conserva la familia Pescarmona.