La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el titular de la ANSES, Mariano de los Heros, defenderán el Presupuesto 2025 en el Congreso.
La Cámara de Diputados esta semana retomará el debate del proyecto de ley Presupuesto 2025 con la convocatoria de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y del director ejecutivo de la ANSES, Mariano Salvador de los Heros, quienes defenderán el texto enviado por el presidente Javier Milei al Congreso.
En ese sentido, Bullrich fue convocada para el próximo martes 15 de octubre por la comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el libertario José Luis Espert, al igual que el titular de la ANSES, que se referirá a las partidas destinadas a su área en el Presupuesto 2025.
El Gobierno se prepara para empezar la nueva batalla que desvela al presidente: consolidar una nueva mayoría para la sanción del Presupuesto 2025 antes del 30 de noviembre, con la consigna de que "es innegociable" su plan de equilibrio fiscal con "déficit cero" y "sin emisión monetaria".
Después de la presentación del Presupuesto 2025 con sus principales cuadros técnicos, el Gobierno avanzará en la suma de consensos desde las provincias que le permitan sancionar el proyecto en el Congreso antes de fin de año. También se medirán alianzas en el tratamiento de la reforma sindical, mientras que el Senado puede determinar una modificación sustancial al Código Penal.
El Congreso cambió su composición esta semana. Por el lamentable fallecimiento del diputado fueguino Héctor Stefani (PRO), asumirá el hasta entonces concejal de Ushuaia, Ricardo Garramuño, y se presume que se sumará al bloque de Encuentro Federal (liderado por Miguel Pichetto), lo que implicaría una reformulación en la composición de las bancas. Días antes, ocurrió otra baja pero en el Senado: el chaqueño Víctor Zimmermann (UCR) asumió como ministro de Producción y Desarrollo Económico de su provincia, y fue reemplazado por Ayrton Ulrich, referente de la Juventud Radical.
Este martes, el debate por el Presupuesto 2025 pasará a la instancia de plenario de comisiones y contará con la presencia de Patricia Bullrich, quien explicará el detalle de la inversión en seguridad, uno de los apartados que el Gobierno remarcó como prioritarios. Las invitaciones vienen siendo uno de los motivos de disputa en las reuniones de debate. El peronismo insiste con la necesidad de que participe Luis Caputo. Su reclamo se extendió en los bloques provincialistas, que piden por la presencia de miembros del Consejo Interuniversitario Nacional y de los gobernadores de provincias claves: Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).
El presupuesto 2025 proyecta una recaudación total de $ 175 billones y establece que el 42,3% se transfiere de forma automática a la Nación y 54,7% a las provincias. Proyecta una inflación anual del 18,3%, un crecimiento del 5% del PBI, superávit primario y equilibrio financiero.
Pero a pesar del escenario macroeconómico positivo, anticipa una caída de 0,3% para las partidas de Educación y Cultura, y una baja del 4,5% de las universidades y con la emergencia declarada en la Ley Bases, Milei busca suspender el artículo 9 de la Ley Nº 26.206 de Educación Nacional, que obliga al Estado garantizar un gasto del 6% del PBI para la Educación.
A modo de chicana, el Gobierno reclamará auditorías a las universidades para que explique en qué usan los recursos. Y amenaza con dejar de transferir a aquellas que no rindan cuentas en tiempo y forma, lo que pondría en riesgo su funcionamiento.
La discusión del Presupuesto tendrá otro capítulo fuerte cuando se trate el ajuste que prevé Milei para las provincias.
Después de pedir a los gobernadores que hagan un ajuste de $ 60.000 millones para llegar al 25% del PBI, el Gobierno prevé una caída de US$ 5.000 millones de transferencias para las provincias. Eso disparó nuevos reclamos de los mandatarios provinciales por la eliminación de asignaciones específicas como el 11% de IVA, los fondos y fideicomisos del impuesto a los combustibles y el componente impositivo del Monotributo que se asigna a la Seguridad Social.
Con la estrategia de advertir que su aprobación será un punto de inflexión para la gobernabilidad, el presidente ya advirtió que quienes se opongan, serán acusados de desestabilizar al Gobierno e impulsar un golpe de Estado.
