La resolución indicó que será el Servicio Penitenciario Federal el encargado de “elaborar los planes y cronogramas específicos de las tareas asignadas y controlar su cumplimiento”.
“Las personas privadas de la libertad no son víctimas sino victimarios de la sociedad en su conjunto y, en ese entendimiento, el esfuerzo estatal debe estar orientado a que reparen el daño causado y adopten hábitos orientados al reconocimiento de su responsabilidad individual”, argumentó el gobierno nacional en su relación.
Asimismo, agregó que “la ociosidad de los internos conlleva al aumento ostensible de los índices de violencia y alteraciones al orden, a la vez que resulta funcional a una subcultura carcelaria vinculada al delito, contraria a la legalidad y a los fines de la reinserción social”.
“Con el fin de reparar el daño causado a la sociedad y compensar los recursos invertidos por el Estado nacional en la articulación de un tratamiento penitenciario efectivo, es necesario que la totalidad de la población penitenciaria, en cualquier instancia de alojamiento que se encuentre, realice las actividades necesarias para el mantenimiento de los espacios propios y comunes”, continuó la medida.
Esta resolución se deriva de lo previsto en el artículo 18 de la Constitución Nacional, “en cuanto establece que las cárceles serán sanas y limpias, sino que también son actividades que se orientan a facilitar una convivencia ordenada en beneficio de la población carcelaria”.
Julián Curi, subsecretario de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad, remarcó que los materiales para que los internos realicen dichas tareas serán entregados por el SPF.