La jueza Karina Andrade, quien en las últimas horas fue cuestionada por el Gobierno tras ordenar la liberación de 114 detenidos en la marcha de jubilados, barras y militantes, explicó este viernes por la mañana los motivos de su decisión.
La magistrada defendió su decisión de liberar a los arrestados y criticó la falta de información oficial sobre las detenciones. Desde el Gobierno anunciaron una investigación en su contra.
La jueza Karina Andrade remarcó que la fiscalía continuará con la investigación.
La jueza Karina Andrade, quien en las últimas horas fue cuestionada por el Gobierno tras ordenar la liberación de 114 detenidos en la marcha de jubilados, barras y militantes, explicó este viernes por la mañana los motivos de su decisión.
Según la magistrada, no recibió del Ejecutivo ni siquiera “la información básica de la detención de esta gente” y priorizó derechos fundamentales como la libertad de manifestación, respaldados por la Constitución.
“No se cumplía el procedimiento, es el ABC de las detenciones”, afirmó Andrade en Radio Urbana Play. En su fallo de la madrugada, ordenó la liberación de 94 personas detenidas por la Policía de la Ciudad y de otras diez capturadas por fuerzas federales bajo la jurisdicción de la Justicia porteña. Subrayó que su decisión no fue “trasnochada”, sino basada en la falta de un debido procedimiento.
La jueza enfatizó que “se debe garantizar a los adultos mayores la libertad de expresión, un derecho constitucional”. Explicó que no se le proporcionó información que indicara la existencia de un contexto delictivo previo a la protesta y que las detenciones fueron comunicadas con horas de retraso y sin los datos mínimos requeridos. “A mí no me informaron armas, yo lo resalté”, aclaró.
Desde la Casa Rosada, la decisión de Andrade fue criticada duramente. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció que pedirá una investigación contra la jueza en el Consejo de la Magistratura de la Capital.
Por su parte, Andrade remarcó que la fiscalía continuará con la investigación sobre los liberados y podrá solicitar nuevas detenciones si las pruebas lo justifican. Insistió en que nunca se le informó sobre una sospecha previa de acción delictiva premeditada, como sostiene el Gobierno.
“Mi argumento fue estrictamente jurídico, apegado a la Constitución”, aseguró, y detalló que para proceder con una detención se debe proporcionar nombre, DNI, lugar exacto, intersección y la fuerza interviniente, requisitos que “no se cumplieron”.
En este sentido, recalcó que hubo una diferencia entre los detenidos anunciados públicamente y los que efectivamente se le informaron. “Tienen que cumplir los requisitos mínimos de información al juez”, subrayó.
Andrade también defendió su trayectoria judicial ante las críticas que recibió en redes sociales afines al Gobierno. “Soy una persona técnica, más allá de los lugares que pude ocupar dentro del Poder Judicial. Cuando se dicen esas cosas se desprestigia al Consejo de la Magistratura, que nombra jueces y juezas”, sostuvo.
Esta semana, el ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, cuestionó la decisión de la jueza Andrade, quien ordenó la liberación de más de 100 detenidos tras los incidentes del miércoles en la marcha por los jubilados.
El Gobierno indicó, también, que evalúa presentar una denuncia contra la magistrada por prevaricato y violación de los deberes de funcionario público.
