El Gobierno traslada la discusión esta semana a la Comisión de Presupuesto de Diputados, adonde apuesta a sostener un "nueva mayoría” para aprobar el Presupuesto antes del 30 de noviembre.
Javier Milei se prepara para una nueva batalla con el Congreso: El debate del Presupuesto 2025. Foto: Archivo Presidencia.
La victoria política que consiguió con la ratificación del veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario no es definitiva. El Gobierno lo sabe y por eso se prepara para empezar la nueva batalla que desvela al presidente: consolidar una nueva mayoría para la sanción del Presupuesto 2025 antes del 30 de noviembre, con la consigna de que "es innegociable" su plan de equilibrio fiscal con "déficit cero" y "sin emisión monetaria".
Esta semana seguirán las protestas de estudiantes y docentes con la multiplicación de tomas de universidades y un paro nacional docente convocado para el 30 de octubre, en contra del veto. Se suma al clima de conflictividad social y al paro para ese mismo día convocado por los gremios del Transporte.
Al debate por el presupuesto, se agrega una nueva polémica al anunciar la presentación de la Ley Hojarasca, que busca eliminar alrededor de 70 leyes consideradas "inútiles, obsoletas o que restringen nuestras libertades", según anticipo el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Bajo el comando del diputado presidente de esa comisión, José Luis Espert y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, convocarán el martes a la segunda reunión de comisión.
Una alta fuente cercana a Milei, confirmó a A24.com que el Gobierno está dispuesto a negociar con la oposición la ampliación de recursos para hospitales y para universidades, pero puso como condición que el mismo defina "qué otras partidas se recorta".
"Si quieren ampliar a universidades no tenemos problema, pero habrá que recortar en obras públicas", dicen en Casa Rosada. En cambio, no quieren opinar sobre la propuesta del radicalismo y sectores opositores que buscan ampliar partidas a universidades con recortes en el gasto tributario.
Se trataría de eliminar subsidios y excensiones impositivas a industrias de Tierra del Fuego y a empresas tecnológicas, entre otros sectores que por no tributar se quedan con el 4,7% del PBI. Sin mencionar los beneficios del RIGI.
En la Casa Rosada reconocen el clima de incertidumbre:"no hay manera de saber cuándo habrá dictamen y cuándo se estaría votando", dicen y especulan con que "el debate podría durar 2 meses en total en las dos cámaras. Pero el resultado no lo sabe nadie".
El ala política del Gobierno se enfoca en conseguir los votos. En la mesa chica de Milei son más duros y no descartan que el proyecto no sea aprobado y que Milei termine gobernando por decreto, con el presupuesto del 2023 redireccionado por segundo año consecutivo, sin indexar por inflación y poniendo al límite el funcionamiento del Estado.
Cerca de Milei especulan con que "le conviene más a la oposición que al oficialismo que el presupuesto 2025 se apruebe, porque no podrá hacer uso discrecional en un año electoral" en el que el gobierno apuesta a ganar y ampliar su bloque parlamentario.
Milei no descarta convocar a los diputados de la "nueva mayoría" a un encuentro en la Casa Rosada o en Olivos. Pero en el Gobierno se cuidan de hablar de otro "asado" para festejar el veto a las universidades.
No quieren que sea interpretado como otra provocación a los estudiantes y docentes que desde esta semana profundizarán las protestas en reclamo de mayor presupuesto educativo.
Después del veto, Milei se comunicó por teléfono con Mauricio Macri para agradecerle el apoyo del PRO, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se reunió por separado, en Casa Rosada, con tres de los gobernadores que ayudaron a romper los 2/3 de la oposición.
Un funcionario cercano a Milei anticipó que la estrategia será encabezada por Espert, que convocará el martes al segundo encuentro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Para ganar tiempo, el Senado también empezará las negociaciones en forma paralela.
La idea es que vayan funcionarios de distintas áreas a defender el Presupuesto. La semana pasada pasaron los secretarios de Finanzas y de Hacienda del ministerio de Economía, Pablo Quirno y Carlos Guterman.
También se espera que asistan el secretario de Educación, Carlos Torrendel y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y los ministros de Salud, Mario Lugones, de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Luis Petri, entre otros. Pese al reclamo de la oposición, no está prevista la asistencia del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo.
El presupuesto 2025 proyecta una recaudación total de $ 175 billones y establece que el 42,3% se transfiere de forma automática a la Nación y 54,7% a las provincias. Proyecta una inflación anual del 18,3%, un crecimiento del 5% del PBI, superávit primario y equilibrio financiero.
Pero a pesar del escenario macroeconómico positivo, anticipa una caída de 0,3% para las partidas de Educación y Cultura, y una baja del 4,5% de las universidades y con la emergencia declarada en la Ley Bases, Milei busca suspender el artículo 9 de la Ley Nº 26.206 de Educación Nacional, que obliga al Estado garantizar un gasto del 6% del PBI para la Educación.
A modo de chicana, el Gobierno reclamará auditorías a las universidades para que explique en qué usan los recursos. Y amenaza con dejar de transferir a aquellas que no rindan cuentas en tiempo y forma, lo que pondría en riesgo su funcionamiento.
La discusión del Presupuesto tendrá otro capítulo fuerte cuando se trate el ajuste que prevé Milei para las provincias.
Después de pedir a los gobernadores que hagan un ajuste de $ 60.000 millones para llegar al 25% del PBI, el Gobierno prevé una caída de US$ 5.000 millones de transferencias para las provincias. Eso disparó nuevos reclamos de los mandatarios provinciales por la eliminación de asignaciones específicas como el 11% de IVA, los fondos y fideicomisos del impuesto a los combustibles y el componente impositivo del Monotributo que se asigna a la Seguridad Social.
Con la estrategia de advertir que su aprobación será un punto de inflexión para la gobernabilidad, el presidente ya advirtió que quienes se opongan, serán acusados de desestabilizar al Gobierno e impulsar un golpe de Estado.