Poder Judicial

Los 24 temas del Poder Judicial que tuvieron impacto político en 2024

¿Cuáles fueron los fallos más resonantes y las cuestiones pendientes para el año próximo? Un repaso detallado de todo lo que pasó a nivel judicial y lo que va a pasar.

Rosario Bigozzi
por Rosario Bigozzi |
Los 24 temas del Poder Judicial que tuvieron impacto político en 2024

En el último año, al menos 24 noticias judiciales influyeron en el escenario político, muchas de las cuales estuvieron directamente relacionadas con los cambios y tensiones que surgieron durante la gestión de Javier Milei.

También hubo denuncias que sentaron en el banquillo de los acusados al ex presidente Alberto Fernández, se abrió la agenda de los juicios pendientes contra Cristina Fernández de Kirchner, y comenzó el proceso oral contra la Banda de los Copitos, que intentó asesinarla.

Se reactivaron expedientes entre los que figuran Vacunatorio Vip o la muerte del fiscal Alberto Nisman, al tiempo que se avanzó en la aplicación del Sistema Acusatorio con el propósito de agilizar el funcionamiento de la Justicia.

A continuación presentamos la memoria de los casos más destacados del 2024:

  • Una Corte de tres. El viernes pasado Juan Carlos Maqueda se despidió de la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque este domingo 29 de diciembre cumple la edad límite de 75 años. Con su salida, el Máximo Tribunal quedó integrado por tres jueces. Para que sus fallos tengan validez necesitará tres votos concordantes, por lo que si Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti no se ponen de acuerdo estarán obligados a convocar a conjueces, y así evitar que se trabe el funcionamiento de la Justicia.
  • Intrigas de Palacio. Mientras está pendiente la definición del proceso de designación de Ariel Lijo y Manuel Garcia Mansilla como nuevos integrantes de la Corte Suprema, quedaron expuestas las diferencias entre los tres jueces titulares. Por un lado, Ricardo Lorenzetti criticó que sus colegas hayan tomado decisiones administrativas sin esperar la llegada de los nuevos integrantes. Por el otro, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkratz, acusaron a Lorenzetti de pretender paralizar el funcionamiento del tribunal, cuando él también modificó el organigrama antes de que en 2015 se confirmara el nombramiento de ellos dos.

  • El último fallo. Una de las últimas resoluciones de la Corte Suprema de cuatro miembros definió por mayoría que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (TSJ) debe ser el órgano encargado de revisar las sentencias dictadas por los jueces que se ocupan de aplicar el derecho en esa jurisdicción.

    El fallo “Levinas” dispuso saldar la asimetría de CABA respecto de los estados provinciales, que es la consecuencia de lo que calificó como “inmovilismo” en la concreción del mandato de la Constitución porteña dictada hace 30 años. Esta sentencia es relevante porque impactará sobre otros casos inconclusos que a partir de ahora pasarán por el TSJ, por ejemplo la condena del policía Luis Chocobar, o el caso del Correo Argentino, por el que se averigua si la familia de Mauricio Macri fue beneficiada con un acuerdo que redujo su deuda con el Estado.

  • Causa Seguros. El expresidente Alberto Fernández declaró como imputado en la causa que investiga el presunto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, tras haber firmado el decreto 823/2021, que según la sospecha habilitó una estructura legal para direccionar la contratación de seguros en el Estado. Su defensa intentó anular la indagatoria, pero la Cámara Federal rechazó el planteo.

  • Causa Seguros: Alberto Fernández recusó al juez Julián Ercolini
    Causa Seguros: Alberto Fernández recusó al juez Julián Ercolini. (Foto: archivo)

    Causa Seguros: Alberto Fernández recusó al juez Julián Ercolini. (Foto: archivo)

  • La denuncia de Fabiola Yáñez. El juez federal Julián Ercolini citó a Alberto Fernández a indagatoria para el próximo 4 de febrero a las 11 de la mañana. Este expediente es una consecuencia no buscada de la investigación de los seguros. Cuando revisaron el teléfono de la secretaria del exmandatario, descubrieron los mensajes que revelaron las supuestas agresiones contra la exprimera dama. Finalmente Fabiola Yañez decidió denunciarlo, por lo que se abrió un expediente por lesiones leves y graves, doblemente agravadas, abuso de poder y amenazas coactivas.

  • Condena confirmada. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de Cristina Fernández de Kirchner que había dictado el Tribunal Oral 2 en la causa Vialidad, y le otorgó doble conforme a la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al encontrarla responsable de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. En el mismo fallo ratificó las condenas de Lázaro Báez y José López, entre otros. Los abogados de la ex presidenta iniciaron el proceso para que la Corte Suprema revise el caso. También los hizo el Ministerio Público Fiscal, que espera que se le aplique condena como jefa de una asociación ilícita.

  • Los cuadernos de la corrupción. El Tribunal Oral Federal 7 fijó el 6 de noviembre de 2025 como fecha de inicio del juicio oral de la Causa Cuadernos por el que Cristina Kirchner será juzgada como supuesta jefa de una asociación ilícita y cohecho. En total serán juzgadas 85 personas, incluido Julio De Vido, Claudio Uberti, Ángelo Calcaterra, Enrique Wagner, Enrique Pescarmona, Aldo Roggio y Oscar Centeno.

  • Los Sauces y Hotesur más Memorándum con Irán. La Corte Suprema confirmó que Cristina Fernández y su hijo Máximo Kirchner deben ir a juicio oral tras anular el sobreseimiento que había recibido en el expediente, por la sospecha de que los alquileres de habitaciones en los hoteles de la familia eran una fachada para lavar dinero obtenido a través del robo a la administración pública. Un efecto similar tuvo el fallo del Máximo Tribunal en el caso de la firma del Memorándum con Irán, por el que se acusa a la expresidenta de encubrimiento y abuso de autoridad. El Tribunal Oral Federal 8 será el encargado de organizar este juicio.

  • La Banda de los Copitos. A mediados de año se inició el juicio oral contra Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, acusados de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego contra Cristina Kirchner. Quedan por delante varios meses para seguir escuchando a los testigos, pasar por los alegatos y conocer el veredicto del Tribunal Oral Federal 6. Cada semana surgió una sorpresa durante las audiencias, con momentos inverosímiles que la jueza Sabrina Namer se vió obligada a ordenar. Por ejemplo cuando Brenda Uliarte agredió físicamente al abogado de Carrizo, Gastón Marano; o cuando después de sumar a la imputación el delito de femicidio, el representante de Uliarte, Alejandro Cipolla, solicitó llamar a declarar a la Cristina para que confirme si se identifica como mujer.

  • Tope a la reelección indefinida. La Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de la reelección indefinida en Formosa, donde Gildo Insfrán (Partido Justicialista) gobierna desde 1995. En un fallo unánime, sostuvo que debe modificarse el artículo de la Constitución provincial que habilita la reelección sin límites porque es contraria a lo que dispone la Constitución nacional.

  • Escándalo Kueider. La jueza federal Sandra Arroyo Salgado envió a Cancillería un exhorto para pedir la extradición del ex senador y su secretaria, Iara Guinsel Costa, quienes cumplen arresto domiciliario en Asunción, en relación al proceso por tentativa de contrabando tras encontrar 200 mil dólares ocultos en su camioneta. La defensa de Kueider por el momento fracasó en su demanda para que sea reincorporado a la Cámara Alta, y de esa forma recuperar que los fueros para impedir que lo detengan y lo lleven a declarar en indagatoria en la Causa Securitas, que se ocupa del supuesto cobro de coimas para contratar los servicios de la empresa Securitas en Paraná, cuando estuvo a cargo de Enersa entre el 2016 y el 2018.

  • Acuerdo de paz entre Nación y Ciudad. El gobierno porteño y el Ministerio de Economía acordaron el cumplimiento de la medida cautelar que había dictado el Máximo Tribunal, que establece el pago del 2,95% de la coparticipación que Nación le debe a CABA, una parte por goteo diario, y otra de forma semanal. Mientras tanto, continúan esperando que la Corte responda el fondo de la demanda por la reducción inconsulta de la Coparticipación Federal que recibía la Ciudad hasta 2022, para destinarlo a las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires.

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  • Vacunatorio Vip. El ex ministro de Salud, Ginés González García, falleció a los pocos días de que se confirmó su procesamiento por peculado de bienes y abuso de autoridad, sospechado de haber incumplido sus deberes al otorgar el privilegio de vacunarse contra el Covid a “un grupo selecto que, por parentesco o por amistad, burló los esquemas impuestos a toda la generalidad”. Además, la Cámara Federal ordenó no solo investigar a los ex funcionarios sino también de quienes se beneficiaron, entre quienes figuran Carlos Zannini, Eduardo Valdés, Jorge Taiana, y Horacio Verbitsky.

  • Una imputación para Berni. A casi 10 años de la muerte de Alberto Nisman, el fiscal Eduardo Taiano imputó al ex secretario de Seguridad, Sergio Berni, por supuestas irregularidades durante el procedimiento pericial en el departamento de Puerto Madero, la noche que su cadáver fuera hallado en el baño. Por ahora la justicia no encontró elementos para llamarlo a indagatoria, pero en ese caso se toparía con el hecho de que Berni posee fueron legislativos debido a su cargo de senador provincial.

  • Pedido de captura internacional de Nicolas Maduro. Por disposición de la Cámara Federal, el juez Sebastián Ramos, ordenó la captura internacional del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, de su ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, y de otros catorce funcionarios de ese país para recibirles declaración indagatoria por crímenes de lesa humanidad cometidos de forma generalizada en su territorio contra la población civil desde al menos 2014. Además, notificó a Interpol de la captura internacional con fines de extradición hacia nuestro país, lo que en rigor de verdad no derivaría en la detención inmediata de Maduro, pero sí podría dificultar su libre circulación por el mundo.

  • Fallo Internacional por AMIA. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por privar a las víctimas y a toda la sociedad de conocer la verdad histórica sobre el atentado a la mutual judía en 1994. Además ordenó reformas estructurales sobre el uso de la información de inteligencia en las causas judiciales y sobre el acceso a la documentación. En los últimos días de diciembre, el Gobierno de Javier Milei decidió enviar los archivos clasificados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) a la fiscalía que tiene a cargo la investigación, que incluyen la tarea de la Unidad Fiscal que comandó hasta su muerte Alberto Nisman.

  • Incidentes alrededor del Congreso. Quedaron dos personas con prisión preventiva, del total de treinta y tres detenidos durante los enfrentamientos violentos del miércoles 12 de junio, cuando se votó la ley Bases en el Senado. La Cámara Federal dictó para la mayoría de los imputados la falta de mérito en relación a los delitos de intimidación pública, abuso a la autoridad e incendio con daño agravado. Entre otros hechos se investiga como un grupo con los rostros cubiertos, destrozó y prendió fuego el móvil de Cadena 3. Asimismo, se abrió otro expediente porque durante el tratamiento en Diputados del DNU que anuló la Ley de Movilidad Jubilatoria, una menor fue afectada por los gases lacrimógenos que lanzó sobre ella un efectivo de seguridad.

  • Extorsión y Planes Sociales. El dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni fue procesado por extorsión y administración fraudulenta, junto con otros dirigentes de agrupaciones sociales. El caso se encuentra en instancia previa a la convocatoria a juicio oral. La investigación surgió de una denuncia efectuada por el Ministerio de Seguridad en base a las llamadas recibidas en la Línea 134, que en los primeros diez días de gobierno registró más de 13 mil mensajes, de los cuales 924 llegaron a la justicia. La investigación tiene una segunda parte relacionada con el presunto lavado de dinero a través de la facturación con empresas truchas, por la que tras la feria de enero podría haber novedades.

  • El galpón de alimentos. El gobierno tuvo que dar explicaciones sobre la dinámica en la entrega de alimentos de parte del Ministerio de Capital Humano a los comedores integrados en el Programa Alimentar. La justicia intimó a Sandra Pettovello a repartir la mercadería que exigía la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Incluso allanó los galpones en Vicente Lopez y Tafi Viejo, donde corroboró que muchos de los paquetes estaban a punto de vencerse.

  • Los gastos de Martin Insaurralde. El ex intendente de Lomas de Zamora explicó ante la justicia que su patrimonio se solventa con los ingresos de su ex pareja Jesica Cirio. De ese modo intentó argumentar cómo enfrentó el pago de las facturas por la construcción de su casa en un country de San Vicente, y su viaje a Marbella con un yate por el Mediterráneo, acompañado por Sofía Clerici. El juez federal Ernesto Kreplak deberá revisar esta documentación antes de decidir si lo llama a indagatoria por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

  • La condena contra Alperovich. El exgobernador de Tucumán José Alperovich está preso tras resultar condenado a 16 años por abuso sexual agravado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 29. Fue considerado responsable de tres hechos de "abuso sexual simple" y seis hechos de "abuso sexual agravado por haber sido cometidos con acceso carnal" contra su sobrina, entre 2017 y 2018.

  • Juicio al exgobernador de Tucumán, José Alperovich, a minutos del veredicto
    Juicio al exgobernador de Tucumán, José Alperovich, a minutos del veredicto
  • Otro ex gobernador detenido. El entrerriano Sergio Urribarri cumple su condena por corrupción, peculado y enriquecimiento ilícito e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Fue alojado en la Unidad Penal 1 de Paraná, después de que la Cámara de Casación provincial admitiera un reclamo del Ministerio Público Fiscal por riesgo de fuga, mientras se espera que la sentencia que pesa sobre el ex mandatario quede firme.

  • Polémica pendiente por Mega DNU y otras demandas. La gestión de Milei se inauguró con la judicialización del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, con el que se propuso desregular la economía. El revés más fuerte fue la suspensión del Capítulo 4 referido a la reforma laboral. A la vez, llovieron las denuncias de las provincias ante la Corte Suprema solicitando que declare la inconstitucionalidad de la medida que derogaba más de 300 regulaciones. Se sumaron otros reclamos por transferencias que el Estado Nacional recortó en educación, transporte, cajas jubilatorias e impuesto a las ganancias. Por su lado, el presidente del Alto tribunal, Horacio Rosatti, expresó que no les gusta “que la judicialización sea un atajo para evitar el debate político”.

  • Sistema Acusatorio y nombramiento de jueces. En total son doce las provincias donde está funcionando el modelo que le da a los fiscales herramientas más ágiles para avanzar en las investigaciones complejas contra la criminalidad organizada. Cuando llegó Milei, el Acusatorio ya estaba en Salta y Jujuy, y durante este año avanzó a Rosario en Santa Fe, región norte de la provincia de Buenos Aires, Mendoza, San Luis, San Juan, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. El cronograma fue fijado por el Ministerio de Justicia, a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia 188/24, que facultó a esa cartera de gobierno para retomar la agenda de implementación progresiva del Código Procesal Penal Federal. Por otra parte, el Poder Ejecutivo envió 150 pliegos al Senado para la designación de jueces, fiscales y defensores del pueblo. Recordemos que los magistrados reclamaron la cobertura del 30 por ciento de cargos vacantes entre los jueces, y del 50 por ciento de los fiscales.
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