Desde el rectorado ratificaron que la SIGEN no tiene competencia para analizar las cuentas de la institución. "Queremos ser auditados dentro del marco de las leyes", afirmó Ricardo Gelpi.
Las autoridades de la UBA, encabezadas por el rector, Ricardo Gelpi, confirmaron que irán a la Justicia contra las auditorías de la SIGEN. (Foto: NA - Daniel Vides)
La Universidad de Buenos Aires (UBA) confirmó su rechazo a las auditorías de gastos que impulsa el Gobierno a través de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y ratificó que recurrirá a la Justicia contra esa medida. “Queremos ser controlados dentro del marco de las leyes”, fue la decisión que comunicaron en conferencia de prensa las autoridades de la casa de altos estudios encabezadas por el rector, Ricardo Gelpi.
“Entendemos que la SIGEN no tiene las competencias para auditar a las universidades. Esto no significa que nos oponemos a las auditorías. Queremos ser auditados lo que sea necesario dentro del marco de las instituciones, y decidimos presentarnos ante la Justicia para que decida si el procedimiento que quiere llevar a cabo el Gobierno se encuentra dentro del marco legal vigente. Nosotros entendemos que no, pero acataremos lo que decida el Poder Judicial”, sostuvo Gelpi.
El rector de la UBA dijo además que harán una “convocatoria nacional e internacional para que profesionales independientes hagan una auditoría sobre el sistema de control interno para seguir brindando información transparente a la ciudadanía”.
Asimismo, aclaró: "Como todos saben, mediante un comunicado, el Poder Ejecutivo informó que por disposición unilateral las universidades nacionales serán auditadas por la Sindicatura General de la Nación. Nosotros entendemos que no posee las competencias para auditar a las universidades por distintas razones jurídicas de peso, pero eso no significa de ningún modo que nos oponemos a las auditorías”.
“Esto es muy importante y lo voy a repetir: de ningún modo nos oponemos a las auditorías. Todo lo contrario. Queremos ser auditados todo lo que sea necesario dentro del marco de las leyes y las instituciones. Y es por esto que hemos decidido presentarnos ante la Justicia para que ella sea la que decida si el procedimiento que quiere llevar a cabo el gobierno nacional se encuentra dentro del marco legal vigente. Nosotros entendemos que no, pero acataremos de manera irrestricta lo que el Poder Judicial decida”, completó.
“Luego de que las autoridades de la Universidad de Buenos Aires no respondieran a las notificaciones enviadas por sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) y el aviso al correo electrónico oficial del rectorado, se decidió entregar la notificación en un documento físico, para evitar más dilaciones. Así, el equipo de la Sindicatura General de la Nación remitirá en mano en la mesa de entradas de la Rectoría de la UBA, la nota que indica que comenzarán los trabajos de auditoría en esa casa de estudios. La UBA fue auditada regularmente hasta 2013 por SIGEN”, sostiene el comunicado emitido el ministerio de Capital Humano.
"En 2022, un dictamen del entonces Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, de noviembre 2022, durante la presidencia de Alberto Fernández, había impedido a la Sindicatura auditar las universidades nacionales, situación que se revirtió el 15 de octubre último, con un dictamen firmado por el actual Procurador, Rodolfo Barra, que vuelve a otorgar a la Sindicatura General de la Nación la capacidad de auditar las universidades", finaliza el comunicado.
A la par, la UBA publicó en su página web un comunicado en el que señaló que es uno de los entes más controlados y auditados en el sector público a través de la Auditoría General de la Nación, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo (con informes mensuales de gastos a la Subsecretaría de Políticas Universitarias) y la Auditoría General de la Universidad. Además, puso a disposición los últimos trabajos de control realizados por estos organismos, a los que se puede acceder en este link.
Leonora Colombo, integrante del Claustro de Graduados del Consejo Superior, explicó el alcance de la presentación judicial que principalmente objeta la participación de la SIGEN en el proceso de control porque violaría la autonomía universitaria.
“Es una acción declarativa de certeza que fue iniciada el día viernes. ¿Cuál es el objetivo de la acción declarativa de certeza? Acá hay una discusión o un debate respecto a la interpretación del sistema jurídico vigente. La Universidad sostiene que la SIGEN no tiene competencias para auditarla y el Poder Ejecutivo sostiene que sí. En nuestra República, el órgano constitucional que está llamado a resolver este tipo de conflictos es el Poder Judicial, con lo cual la Universidad ha elegido encausar institucionalmente este debate para lograr un pronunciamiento del único órgano que es el último intérprete de la Constitución y las leyes”, especificó.
Y desarrolló: “La SIGEN puede ejercer sus actividades de control respecto a los entes y organismos que dependen del Poder Ejecutivo Nacional. No es una opinión de la UBA. Esa es la letra de la ley. En el año 1994, se modificó la Constitución y se incorporó en el artículo 75, inciso 19, de la autonomía universitaria. La Corte Suprema precisó en el año 2003, o sea hace 20 años que está saldada esta discusión, que la autonomía implica que las universidades no dependen del Poder Ejecutivo y que están exentas de cualquier tipo de interferencia o control del Ejecutivo sobre todas sus actividades, incluyendo las económico financieras”.
