"Desde la ANDIS queremos aclarar que la publicación de los términos en cuestión no tuvo ninguna intención discriminatoria, sino que se trató de un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminologia obsoleta. La Resolución 187/2025 y su anexo serán modificados siguiendo los estándares médicos y normativos vigentes", indicaron.
Calificaciones que se dejaron de usar en el siglo pasado
Esta forma de evaluar a los beneficiarios de asignaciones se dejó de usar en la década del 90 por ser contrarias a lo que señala la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, según Naciones Unidas.
De acuerdo a la descripción del anexo, cuya publicación corresponde al 14 de enero, "idiota" se utiliza para referirse a las edades de 0 a 30 años, "imbécil" de 30 a 50 y "débil mental profundo" de 50 a 60. También se menciona la clasificación "débil mental moderado" de 60 a 70 años y "débil mental leve" de 70 a 90 años.
Esto se produce en un contexto en el que en 2025, los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD) se verán afectados por cambios en los requisitos para la renovación. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) anunció una prórroga para los certificados, tanto en su versión en papel como digital, cuyo vencimiento o actualización estaba programado originalmente para este año.
En la Resolución 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), publicada en el Boletín Oficial, se emplean calificativos como “idiota”, “imbécil” y “débil mental” para clasificar a personas con distintos niveles de discapacidad cognitiva y psíquica.
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El rechazo de las organizaciones con discapacidad.
Fuerte rechazo de organizaciones de discapacidad
Por el caso, Eduardo Quiroga, abogado del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) dijo: “Las expresiones que usa la normativa refuerzan la discriminación que ha existido históricamente y aún existe para las personas con discapacidad”.
En tanto, la presidenta del IPRODICH, Ana María Mitoire, cuestionó la resolución al considerar: “Son retrógradas, porque tienen que ver con un modelo ya perimido, donde no se reconoce a la persona con discapacidad como un sujeto de derecho en igualdad de condiciones”.
Y Gabriela Troiano, presidenta de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), calificó el uso de esos términos como un acto de "violencia institucional sin precedentes".