Financiamiento universitario

El Gobierno avanzaría con el arancelamiento de las universidades a los extranjeros que no residan en Argentina

El presidente de la cámara de Diputados, Martín Menem, habría adelantado la posibilidad de cobrar un arancel a los extranjeros que vayan a las universidades públicas.

El Gobierno avanzaría con el arancelamiento de las universidades para extranjeros no residentes.

El Gobierno avanzaría con el arancelamiento de las universidades para extranjeros no residentes.

El Gobierno avanzaría en las próximas horas con el arancelamiento para los extranjeros no residentes que concurran a las universidades públicas. La medida sería oficializada en las próximas horas y fue confirmada por un dirigente de La Libertad Avanza. Se da un día después de la multitudinaria marcha por el financiamiento educativo y el veto presidencial a la medida.

La posibilidad de avanzar en el cobro para los estudiantes extranjeros es una potestad que el Poder Ejecutivo había planteado en el texto inicial de la Ley Bases, pero que fue excluida durante las negociaciones para su aprobación en el Congreso. En cambio, ahora se modificaría la Ley de Educación Superior para que cada Casa de Estudios, si así lo decide, pueda cobrar a inmigrantes por estudiar allí.

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Marcha en Congreso por la universidad pública y gratuita.

Marcha en Congreso por la universidad pública y gratuita.

“Quienes vienen a estudiar a nuestro país, no se quedan y no pagan ningún impuesto, es razonable que hagan alguna contribución”, manifestó el presidente de la cámara de Diputados, Martín Menem, en una entrevista a TN.

Los principales ejes que había planteado la Ley Bases para reformar el sistema educativo

  • Examen al finalizar la educación secundaria: fortalecimiento de la política de evaluación Aprender.
  • Liberar restricciones en cuanto a la educación a distancia para el ciclo orientado de nivel secundario y enseñanza híbrida a partir del segundo ciclo del nivel primario, de forma adicional a la educación presencial obligatoria.
  • Garantizar que los profesionales que ingresen a la docencia completen un ciclo pedagógico.
  • Evaluación a docentes en un período no mayor a 4 años y fortalecimiento de la formación continua.
  • Aprobar la educación secundaria para poder ingresar a la enseñanza de grado en el nivel superior.
  • Universidades deben ofrecer cursos de nivelación o exámenes de ingreso, pero no deben tener un carácter selectivo excluyente.
  • Determinar principios básicos para la asignación de recursos de las universidades.
  • Universidades podrán cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes.
  • Evaluaciones externas universitarias dentro de los primeros 6 años a partir de la normalización (universidades públicas) y el reconocimiento provisorio (universidades privadas). Repetirse cada 10 años.
  • Incentivar a las instituciones escolares a la recaudación de fondos con el consentimiento de las autoridades, así como la recepción de contribuciones de particulares, empresas y OSC.
  • Educación técnica: duración equivalente o máximo de un año adicional a la duración del nivel secundario de cada jurisdicción.

Qué decía el artículo de la Ley Bases sobre las Universidades

Durante el inicio del debate de la ley que el gobierno consideró fundacional, el objetivo fue modificar el artículo 2° bis de la Ley N° 24.521, para que las instituciones de educación superior de gestión estatal y las universidades nacionales puedan “establecer aranceles para los servicios de enseñanza de grado o de trayectos educativos” para aquellos estudiantes que no sea “ciudadano argentino nativo o por opción” y para todo extranjero que no cuente con residencia permanente en el país.

“No obstante, dichos estudiantes podrán ser titulares de becas, en caso en que ello sea previsto por los estatutos correspondientes o por los convenios del párrafo siguiente. Las instituciones de educación superior de gestión estatal podrán suscribir acuerdos o convenios con otros Estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales, públicos o privados, tendientes a compartir recursos de todo tipo e implementar las mejores prácticas en materia de educación y de gestión de organismos educativos, así como para fomentar intercambios y procesos educativos conjuntos o en asociación mutua”, se aclaró en aquella oportunidad. Sin embargo, este punto fue excluido durante el duro proceso que culminó en la aprobación del proyecto.