Los hechos de violencia en la Marcha por los Jubilados en inmediaciones del Congreso originaron un raudal de denuncias y contradenuncias que comenzaron a rodar por diversos juzgados de los fueros federal, nacional y contravencional.
La violencia en las inmediaciones del Congreso desembocó en un laberinto de denuncias y contradenuncias ¿Por qué Patricia Bullrich está en el centro de la tormenta?
Los hechos de violencia en la Marcha por los Jubilados en inmediaciones del Congreso originaron un raudal de denuncias y contradenuncias que comenzaron a rodar por diversos juzgados de los fueros federal, nacional y contravencional.
La mayoría de las presentaciones apuntan contra Patricia Bullrich y los responsables del operativo que montó el gobierno con el mandato de hacer cumplir el protocolo antipiquetes. En tanto que desde el Ministerio de Seguridad reclamaron que se investigue un supuesto intento de golpe de Estado. También se impulsaron dos expedientes por las lesiones de las que fueron víctimas el fotógrafo Pablo Grillo y la jubilada Beatriz Blanco.
En el marco del procedimiento policial se asentó la primera de las causas en el Juzgado N° 15 del fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad, la jueza Karina Andrade indicó que la pesquisa sigue abierta y está en manos del Ministerio Público Fiscal, más allá de que haya resuelto liberar a 114 detenidos.
La fiscalía trabaja en base al testimonio de las fuerzas de seguridad y la revisión de las fotografías y filmaciones de las cámaras de monitoreo. En los próximos días le tomarán declaración indagatoria a los involucrados, ocasión en la que deberán detallarles el motivo por el que habían sido detenidos.
La jueza negó que se le hayan presentado casos de portación de armas de fuego, lesiones o incendio a bienes públicos. Explicó que en los partes de arresto, las fuerzas de seguridad describieron tipos delictivos generales, como atentado y resistencia a la autoridad, sin aportar precisiones, por lo que, ante la ausencia de elementos probatorios, priorizó el derecho a la protesta social, y ordenó liberar a todos.
La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) impulsó de oficio que se realicen averiguaciones sobre la intervención de las fuerzas de seguridad en las situaciones donde resultaron heridos la jubilada de 87 años Beatriz Blanco y el fotógrafo Pablo Grillo.
Recordemos que Beatriz Blanco fue derivada al Hospital Argerich con diagnóstico de politrauma y le dieron el alta el mismo día. Pablo Grillo se encuentra en grave estado en el hospital Ramos Mejía, tras recibir un disparo de gas lacrimógeno en la cabeza, con pérdida de masa encefálica.
Se formaron dos expedientes que quedaron a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°30, con intervención de la Fiscalía N°11 del mismo fuero.
La familia de Grillo, con el acompañamiento de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra) y la doctora Claudia Cesaroni decidió realizar acciones contra los responsables de a agresión.
Los abogados Daniel Llermanos y Adrián Albor tomaron la representación de Blanco contra Patricia Bullrich. En su denuncia aseguraron que "bajo un halo de pretendida legalidad, la ministra de Seguridad ordenó a sus subordinados que cometan delitos”.
Patricia Bullrich denunció -a través del abogado Fernando Soto- los posibles delitos de sedición, atentado al orden constitucional y la vida democrática, y asociación ilícita agravada. Por sorteo recayó en el juzgado federal 11, que delegó la investigación en el fiscal federal Franco Picardi.
Como primera medida, solicitó al gobierno que se aporten “los registros completos de las llamadas recibidas a la Línea 134, perteneciente al Ministerio de Seguridad Nacional, en las cuales se habrían receptado denuncias de personas que, en base a medios televisivos, comunicaron que habrían reconocido a integrantes de "barras bravas de diversos clubes” ejerciendo violencia y/o asistiendo con armas”.
Además, el fiscal quiere que le entreguen la documentación donde se hayan registrado “las aludidas agresiones a las fuerzas policiales mediante empujones, golpes, piedras, armas blancas y armas de fuego, en referencia al planteo de Bullrich sobre “supuestos grupos movilizados que nada tenían que ver con una convocatoria de personas mayores de edad jubiladas”.
El Ministerio de Seguridad indicó como el principal responsable de la movilización a Leandro Capriotti y afirmó que los principales grupos de barras bravas partieron desde las Municipalidades de La Matanza y Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires.
Según la denuncia “la violencia ejercida fue premeditada y organizada, puesto que los agresores ya arribaron a la movilización munidos de instrumentos contundentes (palos, fierros), armas blancas (facas, cuchillos) armas de fuego, clavos de tipo “miguelito” para pinchar las gomas de las ruedas de los ciclomotores y los patrulleros de las Fuerzas de Seguridad y elementos para iniciar incendios, entre otros objetos inequívocamente destinados a agredir, causando daños y lesiones”.
En medio de la conmoción por los excesos por parte de las fuerzas de seguridad que se registraron durante el operativo contra la Marcha por los Jubilados, empezaron a caer denuncias a la Cámara Federal de Comodoro Py que apuntan principalmente contra la ministra Patricia Bullrich, aunque en algunos casos incluyen al presidente Javier Milei y al jefe de gobierno Jorge Macri.
Se trata de al menos cinco presentaciones, que por sorteo recayeron en los juzgados criminal y correccional federal 1, 2, 9 y 12, aunque podrían quedar asimiladas en un solo expediente a cargo del primero de los tribunales.
Los delitos imputados son privación ilegítima de la libertad, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, lesiones agravadas, abandono de personas, asociación ilícita y traición con sometimiento.
Algunos de los denunciantes son la Red Federal de Derechos Humanos, el abogado Gregorio Dalbón, Adolfo Pérez Esquivel, Dora Barrancos, y la jubilada agredida por policia, Beatriz Blanco. A su vez, hay una presentación de la diputada Vanina Biasi contra la Policia Federal por atentado contra la autoridad, en relación con un altercado que mantuvo con un efectivo que no la dejaba pasar al Congreso.
Es sabido que la resolución de la jueza Karina Andrade, que dispuso la liberación de todos los detenidos durante los incidentes en las inmediaciones del Congreso despertó numerosas reacciones.
Tanto el Gobierno nacional como el de la Ciudad, cuyas fuerzas de seguridad participaron del operativo, fueron vehementes al cuestionar el fallo y anunciaron que acudirán al Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires para que evalúen si hubo incumplimiento de funciones.
En el mismo sentido, el legislador porteño, Yamil Santoro, de Republicanos Unidos, presentó una denuncia ante ese organismo por mal desempeño.
No obstante, la magistrada remarcó que en la mayoría de los casos, no se informaron el lugar donde se realizó la detención, aludiendo en forma genérica a “los hechos del Congreso de la Nación”, sin aclarar algún tipo de detalle.
Responsabilizó a las fuerzas de seguridad por el déficit en la información suministrada, y explicó que ese fue el motivo por el que atendió el pedido de la defensa pública de liberar a los encausados, “independientemente de los planteos que puedan luego reeditarse o suscitarse en el marco de las investigaciones que lleve adelante la fiscalía.
