El juez federal y candidato de gobierno a la Corte Suprema, Ariel Lijo, desestimó una serie de denuncias contra el presidente, Javier Milei, por haber llamado genéricamente “coimeros” a los diputados nacionales.
Lo hizo el juez Ariel Lijo, a instancias de la fiscal Alejandra Mángano. Entre los denunciantes estaban los diputados Mónica Schlotthauer y Germán Martínez. Para la representante del Ministerio Público, es parte “del debate público y democrático”.
Javier Milei durante una entrevista en que acusó de "coimeros" a los diputados. (Foto: captura TV).
El juez federal y candidato de gobierno a la Corte Suprema, Ariel Lijo, desestimó una serie de denuncias contra el presidente, Javier Milei, por haber llamado genéricamente “coimeros” a los diputados nacionales.
Lijo debió cerrar la causa porque no hubo impulso de la investigación por parte de la fiscal Alejandra Mángano y, en esas circunstancias, el juez está obligado a respetar el criterio del acusador público.
Se trata de cinco denuncias acumuladas desde el 28 de diciembre de 2023, cuando el abogado y ex funcionario bonaerense Leonardo Martínez Herrero formuló la primera presentación, a la que luego se les acumularon las de la diputada Mónica Schlotthauer; la abogada Valeria Carreras; Carlos Belgrano, descendiente del prócer; y el presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria Germán Martínez.
Las denuncias se basaron sobre las expresiones de Milei en una entrevista con el conductor televisivo Luis Majul, en la que manifestó: “cuando entra la maquinaria del Congreso le pone tanta lentitud que estropea todo. Parte de esa lentitud es porque buscan coimas. Algunos, no dije todos. Pero a esos que les gusta tanto la discusión, que discuten la coma, están buscando coimas”.
Poco después, el Presidente redobló la apuesta: “Tenemos identificadas las valijas hay decenas, de aceite, biodiesel”. Las expresiones se enmarcaban en las discusiones sobre la validez del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23, que aún está vigente, y de la denominada Ley Bases, finalmente aprobada aunque con modificaciones respecto de su redacción original.
Milei nunca identificó con nombre y apellido, ni tampoco sectores de pertenencia, a esos diputados supuestamente coimeros. Sobre esa omisión se basó la fiscal Mángano para desestimar las denuncias “por no encuadrar en la literalidad de ningún tipo penal”.
Según la fiscal, “las declaraciones realizadas resultan ser expresiones a título personal de contenido político, realizadas en el marco de una entrevista que se desarrolló con las características propias del debate público y democrático del que forman parte”.
Mángano hizo hincapié en la necesidad de “precisar un hecho con indicación de las circunstancias de tiempo, lugar y modo que posibiliten su investigación” y contrapuso que “los requisitos legales aludidos no se encuentran satisfechos en el caso, ya que las expresiones analizadas resultan declaraciones genéricas en las que se omite deliberadamente aportar cualquier elemento indiciario o de contexto que sirva para la identificación de autores o partícipes”. Ello, -añadió- “impide así iniciar una pesquisa a su respecto”.
“La motivación de tales expresiones sugestivas tiene como único objetivo introducir efectos políticos en el marco del debate público. Prueba de ello, es que todos los dichos resultan especulaciones carentes de precisión, específicamente vinculadas a las supuestas implicancias acontecidas en torno al DNU 70/23 y el tratamiento legislativo del proyecto de ley (Bases)”, subrayó Mángano.
De acuerdo con el dictamen, no es el Poder Judicial sino el Legislativo el ámbito en el que deben dirimirse estas cuestiones: “El análisis del carácter calumnioso que eventualmente pudieran tener las manifestaciones en danza pertenece a un ámbito ajeno al de la actuación de esta parte”.
“El hecho de que las expresiones aquí denunciadas pertenezcan exclusivamente al terreno del debate público y la actividad política importa que sus implicancias se resuelvan en el seno de las instituciones que cumplen esa función y a través de los resortes creados para tales fines. El Congreso de la Nación es, en ese sentido, el órgano que se encuentra cumplimentando la crucial tarea de encauzar el debate político”, resaltó la fiscal.
En sintonía con ese dictamen, el juez Lijo resolvió “desestimar la presente causa por no poder proceder”.
