Pablo Grillo, el fotógrafo de 35 años que resultó gravemente herido durante la represión de la marcha de jubilados frente al Congreso, fue operado nuevamente el pasado viernes en el Hospital Ramos Mejía.
Se pedirá el listado de todos los efectivos policiales que participaron el operativo que terminó con el fotógrafo con heridas gravísimas en su cabeza. Desde el CELS denuncian que hubo un "uso descontrolado de armas".
Buscan identificar al gendarme que le disparó a Pablo Grillo
Pablo Grillo, el fotógrafo de 35 años que resultó gravemente herido durante la represión de la marcha de jubilados frente al Congreso, fue operado nuevamente el pasado viernes en el Hospital Ramos Mejía.
Su estado sigue siendo crítico. La familia informó que la intervención quirúrgica permitió drenar nuevamente un hematoma, y que el procedimiento se realizó sin complicaciones.
"Salió bien, estamos esperanzados, aunque el cuadro sigue siendo grave", expresó Fabián Grillo, padre del reportero, desde la puerta del Hospital Ramos Mejía.
Mientras avanza la recuperación, la investigación judicial parece demorarse. Según informaron a A24.com fuentes de la Procuvin, se radicaron ante la Cámara del Crimen y la causa estaría en manos del fiscal Daniel Togni y del juez Jorge López.
Por ahora, no se informó si hubo allanamientos o "algún procedimiento para identificar al tirador". Las denuncias se basaron en la información preliminar que fue apareciendo en los medios de comunicación.
La Procuvin le pidió a la justicia que requiera al Ministerio de Seguridad Nacional el listado del personal afectado al operativo policial; la nómina del personal que estuvo en los lugares de los dos ataques y los datos de la sala de operaciones.
“A estas alturas, ya se deberían tener las grabaciones de las comunicaciones de radio con todo el registro del operativo. Ahí deben estar todos los movimientos detallados”, le dijo a A24.com Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS.
En el mismo sentido, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció que el miércoles, durante la represión en el Congreso a la marcha de jubilados, "la Policía cometió delitos graves": uso descontrolado de armas, ataques a personas mayores y detenciones sin pruebas. Además, advirtió que todo el operativo debe ser investigado para identificar a los autores materiales de los delitos y establecer las responsabilidades de las autoridades.
En ese marco, el CELS ya cursó comunicaciones ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), advirtiendo a ambos organismos sobre la magnitud del operativo represivo. Está previsto que, en las próximas horas, se haga la presentación formal.
"Desde diciembre de 2023, la CIDH y la ONU le han reclamado al gobierno argentino que garantice el derecho a las protestas sociales", resaltó Diego Morales, director de Litigio del CELS.
“El gobierno resucita la narrativa del ‘golpe de Estado’ para justificar una represión feroz y una escalada de violencia que empezó ayer (por el martes) con las amenazas de la ministra Bullrich”, sostuvo.