La Unión Europea financia un proyecto de ley impulsados por organizaciones italianas y argentinas para que barcos, aviones, autos, motos, aeronaves, campos y casas secuestradas en causas por delitos complejos pasen automáticamente a uso y disfrute de los sectores más vulnerables. Jueces, fiscales, sindicatos, partidos políticos y hasta un proyecto del Papa Francisco avalan la propuesta.
Organizaciones civiles de la Argentina e Italia impulsan un proyecto de ley de “Bien Restituido”, una iniciativa que “busca que activos como autos, barcos, casas, campos y aviones que han sido instrumento, producto o provecho de actividades delictivas complejas, puedan ser reutilizados con fines sociales”.
La iniciativa considera que “los activos que tiene hoy la justicia argentina en sus manos están valuados como mínimo en más de cien mil millones de pesos” y “se están deteriorando y perdiendo no sólo valor económico sino también simbólico”.
El proyecto de “Ley de Administración y Reutilización Social de Bienes Cautelados y Decomisados” ya tiene estado parlamentario y apunta a “preservar y reutilizar con fines sociales” muebles e inmuebles obtenidos mediante delitos.
La principal novedad del proyecto es que los bienes se reutilizan desde que son cautelados judicialmente, sin esperar a una sentencia definitiva. Eso permitiría mantener y conservar el bien en cuestión, asignarle una utilidad social mientras dura el proceso judicial y –eventualmente, ante una sentencia absolutoria- devolverlo en buen estado.
Esos bienes secuestrados durante un procedimiento judicial suelen quedar arrumbados o inexplotados (a veces por años) sufriendo un deterioro que los inutiliza. En los casos de vehículos o maquinaria, directamente los reduce a chatarra. “Si se reutiliza desde la cautela, el bien ya está conservado. Sólo hay que mantenerlo y el organismo del Estado que lo recibe tiene plena conciencia de que puede tener que devolverlo” ante una sentencia final absolutoria .
“Al reutilizarlo rápidamente no se debe invertir dinero para arreglarlos, como suele ocurrir en la actualidad”, explicó Lucas Manjon, coordinador del proyecto Bien Restituido.
El proyecto está financiado por la delegación de la Unión Europea en Argentina y es implementado por las organizaciones italianas Libera y el Circulo Giuridico di Argentina, y por las locales Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Fundación Multipolar. “Italia es el único país que cuenta con un sistema de administración de bienes con perspectiva de reutilización social, que promueve su recuperación y reutilización de manera eficiente y evita que se deterioren. De aprobarse el proyecto, Argentina se convertiría en el segundo caso del mundo y el primero en Latinoamérica”, explicaron los autores de la iniciativa.
Desde 1996 existe en Italia la Agencia Nacional para la administración y la destinación de los bienes secuestrados y confiscados a la criminalidad organizada (ANSBC), que dispone de unos 24.500 bienes “que antes pertenecían a organizaciones mafiosas”.
El organismo “ha logrado destinar más de 40 mil millones de euros recuperados a la prevención y reparación del daño ocasionado”.
La propuesta prevé que la administración de los bienes restituidos estará a cargo de un ente autárquico y descentralizado, controlado por los tres poderes de la constitución “y la sociedad civil organizada”.
Además, dispone la realización de un inventario (hoy no existe judicialmente un registro de esa naturaleza) que incluya la tasación y clasificación del bien, su publicación y mecanismos de transparencia en su asignación y administración.
En la Argentina ya hay algunos ejemplos, a modo de prueba piloto: la Casita Azul, un antiguo prostíbulo destinado al Centro Marplatense de Memoria y Lucha contra la Trata; y el Centro de Atención Comunitaria El Refugio, en un ex búnker de la droga en la Villa Zabaleta.
“La reutilización de los bienes es una práctica que permite al Estado cumplir con su deber de reparación del daño padecido por las víctimas directas de la delincuencia organizada pero también de las indirectas: el propio Estado y fundamentalmente la sociedad civil, con particular énfasis en los sectores vulnerables”, resume la fundamentación de la iniciativa.
El proyecto es acompañado por organizaciones vinculadas con el Poder Judicial como la Asociación de Jueces Federales (AJUFE), la de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), la de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público fiscal (AFFUN) y las Cortes Supremas de las provincias (JUFEJUS).
Además, cuenta con el respaldo de Scholas Ocurrentes (impulsada por el Papa Francisco), Acción Católica Argentina, AMIA y DAIA, la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (ACIERA) y organizaciones sindicales como la CGT, la CTA y la CTA Autónoma.
