La Justicia apura la causa por el hundimiento del submarino. Cuatro ex altos mandos de la Armada van camino al juicio oral. Las causas conexas y la intervención de la Corte Suprema. Los familiares de los 44 marineros muertos aún esperan respuestas.
El expediente por la desaparición del submarino ARA San Juan, de la que se cumplen siete años, se encamina al juicio oral y público con sólo cuatro acusados por los presuntos delitos de "estrago culposo agravado (por la muerte de los 44 tripulantes) e incumplimiento de deberes funcionarios público".
Los imputados son el ex jefe de Operaciones de la Armada, capitán de Fragata Hugo Miguel Correa; el Jefe de Estado Mayor del Comando de la Fuerza Submarinos, capitán de Navío Héctor Aníbal Alonso; el ex titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada (COAA) Luis Enrique López Mazzeo y el ex comandante de la fuerza de Submarinos, capitán de Navío Claudio Villamide.
La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia urgió a que se realice este primer debate oral, aun cuando podría no ser el único, ni tampoco reducirse a sólo estos cuatro acusados.
"Se vería conculcado si se obstaculizara el inicio de un debate que hace cuatro años está en condiciones de entablarse, en pos de una medida que ha sido calificada, por la propia Fiscalía, como prescindible para fundar sus pretensiones, o que podría ser agotada en la etapa posterior", sostuvo la Cámara en una resolución firmada el 12 de setiembre pasado.
Desde la desaparición de la nave fallecieron padres y madres de tripulantes y la Cámara Federal en su última resolución advirtió que las familias tienen derecho a obtener un fallo judicial en un “tiempo razonable”.
Ningún funcionario político está procesado. El expresidente Mauricio Macri y su exministro de Defensa, Oscar Aguad, no fueron llamados a indagatoria, pese al pedido formulado por la querella mayoritaria y una serie de medidas de prueba complementarias que se realizaron sólo parcialmente.
La investigación logró determinar una reducción presupuestaria anterior al hundimiento del ARA San Juan, durante el gobierno de Cambiemos. En cambio, sí fueron convocados a declarar como testigos ex funcionarios de alto rango del gobierno de Macri (Marcos Peña, Pablo Clusellas, José Luis Vila) e incluso su secretario privado y hoy legislador porteño Darío Nieto.
Además de la causa principal, hubo un Consejo de Guerra en 2021 que terminó con graves sanciones para los mandos militares y se derivaron al menos dos investigaciones judiciales más que están en pleno trámite.
Una de ellas tuvo procesado a Macri por presunto espionaje ilegal a familiares de víctimas del submarino que reclamaban respuestas por lo ocurrido. El expresidente fue procesado por el juez interino de Dolores Martín Bava, pero la Cámara Federal porteña y la de Casación (ambas en Comodoro Py 2002), revirtieron esa decisión porque entendieron que sólo hubo medidas de seguridad en torno al ex mandatario.
Esa decisión fue apelada y está hoy a estudio de la Corte Suprema.
El otro expediente es una denuncia de la querella mayoritaria a raíz de la declaración de López Mazzeo en 2020, quien deslizó que la búsqueda del submarino había conseguido dar con sus restos en el fondo del mar el 5 de diciembre de 2017, un mes y medio después de su desaparición y casi diez meses antes de que se anunciara oficialmente el hallazgo.
En ese marco, el próximo 29 de noviembre se realizará un peritaje en el Edificio Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina –en CABA- con el objetivo de “ubicar los medios de búsqueda en carta náutica”.
La investigación por el naufragio y las 44 muertes se inició el 17 de noviembre de 2017, cuando el auditor del el Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada con sede en la Base Naval de Puerto Belgrano, Omar Balbo, comunicó al Juzgado Federal de Primera Instancia de Caleta Olivia la desaparición y pérdida de contacto con el submarino.
Los restos del ARA San Juan fueron hallados el 16 de noviembre de 2018, un año después de la desaparición, a unos 505 kilómetros del litoral marítimo argentino, en línea perpendicular con la costa de Caleta Olivia.
La investigación se orientó a determinar "si existe responsabilidad penal por parte de las autoridades que posibilitaron que el Submarino y sus 44 tripulantes, zarpara del Puerto de Mar del Plata el 24 de octubre de 2017 y no llegara a su destino, yaciendo a más de 900 metros de profundidad en adyacencias de nuestro mar".
La jueza federal de Caleta Olivia Marta Yáñez inicialmente procesó sin prisión preventiva a seis oficiales de la Armada y sobreseyó a uno. Luego la Cámara Federal confirmó cuatro procesamientos y a los otros tres les dictó la falta de mérito.
En noviembre de 2020, la causa quedó en condiciones de ser elevada a la etapa de juicio oral: la fiscalía y una de las querellas, la representada por la abogada Valeria Carreras, consintieron que el expediente pasara a la próxima etapa. Pero las defensas de los militares procesados se opusieron argumentando que previo a esa instancia se debía realizar un peritaje "submarinista-naval" que incluyera una reconstrucción en tres dimensiones (3D), que sólo cuenta con expertos en Países Bajos, Portugal, Estados Unidos, Egipto e India, e insume un coso altísimo que excede el presupuesto disponible.
La Cámara Federal accedió a esa medida de prueba, pero por razones presupuestarias e imposibilidades materiales nunca se realizó.
La otra querella, a cargo de Luis Tagliapietra -abogado y padre de uno de los 44 marinos muertos- coincidió con los acusados y "argumentó que el estudio requerido era fundamental para esclarecer definitivamente el hecho", lo que implica una demora impredecible en la realización del juicio.
Entonces, la Cámara Federal relativizó la importancia de esa experticia y subrayó: "Cuando encomendamos la realización de la pericia submarinista-naval, destacamos que no era una diligencia indispensable para construir el grado de certeza que se requería para que la causa avanzara hacia sus etapas definitorias".
"Todas las hipótesis posibles, referidas a la mecánica de producción del hundimiento, y que hasta el momento se han incorporado al expediente, encuentran una directa vinculación causal con las pruebas de seguridad o tareas de mantenimiento faltantes, que aunque fueron informadas por los canales administrativos pertinentes, no fueron atendidas, y ello -a nuestro criterio constituye suficiente elemento incriminante para la etapa del proceso que se transita", resolvió la Cámara.