La familia asegura que no se realizaron estudios específicos para evaluar el alcance de la infección. Tampoco se tomaron medidas de urgencia, y la atención médica que recibió fue, a juicio de los allegados, deficiente en todos los niveles.
Uno de los puntos más delicados del caso es que la cirugía tuvo lugar en una clínica sin unidad de terapia intensiva, lo cual contraviene los estándares médicos recomendados para este tipo de procedimientos. A pesar de la gravedad del cuadro que presentaba Paula en los días posteriores, el cirujano no suspendió otras cirugías programadas ni destinó recursos adicionales a su seguimiento clínico.
Esto, sumado a la falta de un equipo de cuidados intensivos en el lugar, agravó el estado de salud de la paciente, según denunciaron sus familiares.
Otro dato clave en la investigación es que se habrían cambiado los antibióticos en al menos dos oportunidades sin que se realizara un cultivo para identificar la bacteria presente en el organismo de Paula. Esta práctica médica se considera una falla grave, ya que el uso inadecuado de antibióticos puede potenciar la resistencia bacteriana y dificultar el tratamiento efectivo de una infección.
El equipo legal que representa a la familia apuntó que esta omisión fue uno de los errores más críticos, ya que contribuyó a que la infección derivara en una septicemia no diagnosticada a tiempo.
El episodio final ocurrió cuando el estado de Paula se volvió irreversible. A pesar de las recomendaciones contrarias de un médico terapista —quien habría advertido que si la trasladaban “se muere en la ambulancia”—, el cirujano ordenó el traslado de la paciente a otro centro médico. Según consta en la causa, dos horas después del traslado, Paula sufrió un paro cardíaco y falleció.
Agustina contó que en esos últimos días, la familia intentó buscar asistencia externa por su cuenta, recurriendo a especialistas del Hospital Privado de Comunidad, incluyendo una infectóloga y una neumonóloga. “Fueron cuatro días que parecieron un mes”, expresó.
Un peritaje solicitado por la familia aportó evidencia que agrava la posición del cirujano. El informe indica irregularidades en la higiene quirúrgica, uso inadecuado de medicamentos y negligencia generalizada en el seguimiento posoperatorio. El documento sostiene que no se respetaron protocolos básicos para detectar una infección local ni se actuó con la urgencia que requería el cuadro clínico.
En el marco de la causa judicial, la defensa del médico solicitó un nuevo peritaje, el cual aún está pendiente de aprobación. Mientras tanto, tanto el profesional involucrado como la clínica en donde se realizó la intervención han evitado hacer declaraciones públicas sobre el caso.
Con la solicitud de elevación a juicio oral por parte del fiscal Vera Tapia, el proceso entra en una nueva fase. La carátula de homicidio culposo podría derivar en una pena de prisión en caso de demostrarse responsabilidad directa del profesional.
La familia de Paula busca que el caso se convierta en un precedente para mejorar los protocolos de atención médica y evitar que otras personas pasen por una situación similar. “No queremos venganza. Queremos justicia y que no vuelva a pasar”, dijo Agustina.
La causa se encuentra bajo análisis del tribunal competente, que deberá decidir si se admite o no el nuevo peritaje propuesto por la defensa, y fijar la fecha del juicio. Hasta el momento, no se ha tomado ninguna medida cautelar sobre el cirujano ni sobre la clínica involucrada.
El caso de Paula ha resonado con fuerza en Mar del Plata y en ámbitos médicos de todo el país. No sólo por el dolor de una pérdida evitable, sino por las múltiples instancias en las que —según denuncian sus allegados— se pudo haber evitado un desenlace fatal. El proceso judicial pondrá bajo la lupa la responsabilidad profesional de Esteban Elena Scafaroni, pero también abrirá el debate sobre las condiciones en las que se realizan cirugías estéticas en clínicas privadas.
Mientras tanto, la familia espera que el proceso avance con rapidez y que la historia de Paula se transforme en un llamado de atención sobre la necesidad de exigir estándares más altos en los procedimientos quirúrgicos y en la atención médica posoperatoria.
