Con la intención de dar con nuevas pistas, la Justicia aprobó la inspección de cuatro lagunas ubicadas en la zona donde Loan desapareció. Estas áreas, hasta ahora no investigadas, serán rastreadas bajo la dirección del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), que supervisará el cumplimiento estricto de los protocolos.
Uno de los puntos más polémicos es que una de estas lagunas está ubicada en un campo vinculado al ex capitán de la armada Carlos Pérez y a la ex funcionaria Victoria Caillava. Este hecho ha generado mayor presión sobre los acusados, quienes ya se encuentran bajo sospecha de participar en una red de trata de personas.
Se espera que estas inspecciones ofrezcan respuestas concretas en un caso que ha generado angustia y conmoción en todo el país. La familia de Loan y su entorno aguardan resultados que permitan entender qué ocurrió realmente con el niño.
El abogado de la familia Peña, Juan Pablo Gallego, no ocultó su descontento con la manera en que se llevaron a cabo las pesquisas iniciales. Según sus declaraciones, los primeros procedimientos relacionados con el rastreo en la zona se realizaron de manera incorrecta, lo que retrasó significativamente el avance del caso.
“Debió hacerse anteriormente y no se hizo”, comentó el abogado al ser consultado sobre los nuevos rastreos autorizados. “La jueza ha entendido que ese rastrillaje inicialmente se hizo mal, y ahora, bajo los procedimientos y protocolos de SIFEBU, deben cumplirse cada paso y reportarse los resultados”.
Gallego también destacó que, aunque la aprobación de los rastreos representa un avance, aún falta que se dispongan los recursos necesarios para llevarlos a cabo. “La Justicia tiene que notificarlos una vez habidos los recursos para poder así comenzar con los operativos”, concluyó.
El caso de Loan Peña ha puesto en el centro del escenario a Victoria Caillava, Carlos Pérez y otros detenidos que enfrentan serias acusaciones. Según las hipótesis más sólidas, el niño podría haber sido secuestrado para ser integrado en una red de trata de personas, un delito que ha crecido de forma alarmante en los últimos años.
En contraste, algunos indicios apuntan a que Loan podría haber sido víctima de un accidente fatal, aunque esta línea de investigación no ha ganado tanto peso como la de la trata.
La relación de los principales acusados con una de las lagunas que será inspeccionada incrementa las sospechas sobre su implicación directa en el caso. De confirmarse cualquier vínculo entre ellos y hallazgos relevantes en estos operativos, se fortalecería el caso de la fiscalía.
La desaparición de Loan ha generado una fuerte respuesta social. Organizaciones, familiares y ciudadanos reclaman justicia y acciones concretas para resolver un caso que parece no tener fin. La reciente medida de rastrillaje en las lagunas representa una nueva esperanza, pero también pone de manifiesto los errores cometidos en el manejo inicial de la investigación.
Por ahora, la prioridad está en la ejecución de los operativos en las lagunas. El equipo a cargo deberá seguir procedimientos estrictos para garantizar que cada paso sea documentado y reportado a las autoridades correspondientes.
El caso Loan Peña no solo es un doloroso recordatorio de los riesgos que enfrentan los niños, sino también de la importancia de investigaciones rápidas y eficientes cuando se trata de desapariciones.
