La policía federal de Brasil imputó el 21 de este mes a Bolsonaro y a otras 36 personas por intentar un golpe de Estado para mantenerlo en el cargo tras su derrota electoral en las elecciones de 2022.
Los detalles del intento de asesinato a Lula da Silva
El magnicidio, previsto para ejecutarse antes de la investidura de Lula, el 1 de enero de 2023, también tenía por objetivo matar al vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, y al juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, en la época que era jefe del Tribunal Superior Electoral.
Según el reporte, “los elementos de prueba obtenidos por la investigación demuestran de forma inequívoca que el entonces presidente Jair Bolsonaro planeó, actuó y tuvo el dominio de forma directa y efectiva de los actos ejecutorios realizados por la organización criminal que tenía como objetivo concretar un golpe de Estado y de la abolición del Estado democrático, hecho que no se consumó en razón de circunstancias ajenas a su voluntad”.
Qué dice el informe de la Policía Federal brasileña
El resumen de la investigación, de 884 páginas, contiene cientos de mensajes intercambiados por los implicados a través de servicios de mensajería, así como audios e imágenes que, según la Policía, sustentan las acusaciones por los presuntos delitos de “abolición violenta del Estado Democrático”, “golpe de Estado” y “asociación ilícita”.
Entre los 37 acusados, figuran junto con Bolsonaro algunos jefes activos y de la reserva, exministros, personas de su entorno militar cercano y hasta Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal (PL), que lidera el exgobernante.
Los planes de magnicidio, denominados por los propios golpistas como ‘Operación Puñal Verde Amarillo’, en alusión a los colores de la bandera brasileña, fueron impresos en la sede del palacio de la Presidencia, según dice haber constatado la Policía Federal.