La decisión del máximo tribunal internacional de pedir la detención de Netanyahu, desata debates y preocupación entre los lideres de todo el mundo
La Corte Penal de Internacional, en La Haya, inicia una investigación contra el gobierno de Maduro por violaciones a los Derechos Humanos. (Foto: Archivo)
Ha pasado poco menos de una semana desde que la Corte Penal Internacional dictó el pedido de detención del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu y del exministro de defensa Yoav Galant y, lo que en un primer momento causó sorpresa entre los principales actores políticos mundiales, luego derivó en una discusión respecto de si el falló es pertinente o si acaso instala un precedente de inseguridad jurídica para todos los países democráticos.
Es que la sentencia se basa en una premisa fundamental según la cual el gobierno de Israel está cometiendo actos de genocidio contra la población de la Franja de Gaza, algo que el Estado judío rechaza de pleno por “inconsistencia argumental”
El 7 de octubre de 2023, la organización terrorista Hamás invadió sorpresivamente el territorio israelí provocando la peor masacre contra los judíos desde la época del holocausto nazi de los años 40.
Ese día, el grupo fundamentalista asesinó a más de 1300 personas y secuestró a 255 personas (judías, no judías, israelíes y de otras nacionalidades)
Durante toda esa jornada, quemaron casas, violaron mujeres, decapitaron niños e incineraron a familias enteras, entre otras atrocidades.
Ese mismo día, Israel entendió lo sucedido como una declaración de guerra y comenzó su proceso de respuesta con los principales objetivos de recuperar a los secuestrados y de desmantelar la capacidad de ataque por parte de Hamás.
Desde ese momento, los casi 14 meses que lleva la guerra, el terrorismo de Hamás, Hezbollah, los Hutíes e Irán, han disparado hacia Israel más de 50.000 misiles y drones suicidas.
Muchos han podido ser interceptados por el sistema de defensa Cúpula de Hierro. Es cierto.
Pero muchos han logrado cumplir con su cometido, provocando muertos, heridos, destrucción, pánico en la población que ya no recuerda la normalidad como forma de vida y el desplazamiento de más de 100,000 personas que desde entonces, no pueden volver a sus hogares.
En contraofensiva, Israel ha bombardeado diferentes puntos de Gaza y del Líbano, pero con una premisa. El cuidado de la población civil que, es avisada y persuadida antes de cada ataque, tal como dictan las normas del derecho internacional en situaciones de guerra.
Algo a lo que Israel, como Estado independiente y soberano adhiere y a lo que, las organizaciones terroristas, según el mismo derecho internacional, no están obligadas por tratarse de tales y no de países constituidos.
O sea, en un acto de legítima defensa Israel debe avisar, controlar la evacuación de la población y proveer de alimentos y ayuda humanitaria.
Por el contrario, Hamás y Hezbollah pueden lanzar misiles, explotarlos donde quieran que sea, matar indiscriminadamente civiles… todo sin necesidad de previo aviso.
A lo largo de todo este tiempo, ha muerto en Gaza y en Líbano mucha gente. En su gran mayoría terroristas o activistas pertenecientes al terrorismo.
No hay un número exacto. Lo que hay no es confiable. Veamos por qué. Israel, como país organizado tiene un registro ordenado de cada uno de sus muertos.
Todos tienen nombre y apellido. De todos se sabe la condición de su muerte. Todos son auditados y presentados ante las principales organizaciones no gubernamentales (como por ejemplo la ONU)
Los números presentados por Hamás, por ejemplo, carecen de todo tipo de control.
El informe oficial es realizado por el Ministerio de Salud de Gaza… que básicamente es controlado por el propio Hamás.
Para ellos todos son civiles y esto no es una presunción. Esto ha sido declarado por los propios terroristas apresados por el ejército israelí.
Según consta en reportes “Hamás obliga a los terroristas a vestir ropas normales para que, en caso de ser eliminados, puedan ser considerados como civiles y no como milicianos”
Esto ocurre, incluso cuando el derecho internacional en situación de guerra indica que no puede atacarse un sitio civil, pero que todo sitio civil pierde esa condición en el momento que es ocupado por militares (en este caso los terroristas que se esconden en esos lugares para poner a la población como escudos humanos)
Decíamos que los números presentados por Hamás carecen de todo tipo de control.
Tal es así que, durante los primeros meses de la guerra, la Organización Terrorista hablaba de más de 30,000 muertos, la ONU lo avalaba (sin pedir mayores requisitos) y fue, la misma ONU la que en determinado momento tuvo que declarar que el número no era real sino mucho menor y que, definitivamente, no podían aseverar cuantos de ellos eran civiles y cuantos terroristas.
En el medio de toda esta situación, en el mes de febrero, el gobierno de Sudáfrica presentó una demanda formal acusando al Estado de Israel de estar cometiendo genocidio contra el pueblo gazatí.
Así de simple. Y a un nivel de locura pocas veces visto.
Un país es atacado por un grupo terrorista.
El país arremete una contraofensiva en uso de su pleno derecho a la legítima defensa.
Otro país viene y dice que el primero es genocida de los terroristas que lo atacaron.
Claro… de lo que se habla poco es sobre las sospechas concretas respecto del dinero que habría recibido Sudáfrica por parte de Irán para impulsar el juicio.
De otra manera, no se entendería que tiene que ver Sudáfrica con todo el conflicto de Medio Oriente.
En ese momento la Corte Penal Internacional aceptó debatir el tema.
Hubo una audiencia y el querellante presentó sus fundamentos.
Hubo otra audiencia y el acusado presentó su defensa.
Y hubo una tercera audiencia en la que el tribunal dictaminó que Israel no comete genocidio, aunque lo instó a presentar periódicamente determinadas pruebas por las que se pudiera comprobar que tampoco se cometería genocidio a futuro.
Esas pruebas, según la misma corte, se han cumplido con total normalidad desde febrero hasta ahora.
Es más. No contentos con la postura de los jueces, Sudáfrica insistió en avanzar con la demanda y se fijó una nueva audiencia para el mes de octubre.
Cabe destacar que la misma no se llevó a cabo.
Pero lo más relevante de esto es que, a diferencia de juicios normales que se dilatan porque el acusado presenta pedidos de postergación (a los efectos de conseguir tiempo que los ayude en preparar una defensa fuerte) en esta oportunidad quien pidió “patear la pelota para adelante” fue el mismo querellante… que no logra sostener sus fundamentos sobre el famoso genocidio.
Dentro de todo ese contexto, la idea de que la Corte Penal Internacional (CPI) pidiera la detención internacional de Netanyahu y Galant parecía, por demás, descolocada.
Pero pasó. Ocurrió.
Según el fallo, las detenciones deben hacerse de inmediato, toda vez que alguno de los dos políticos aterrice en territorio de cualquiera de los países que adhieren al Tratado de Roma (aproximadamente 120 Estados soberanos) y se debe a que ambos habrían sido autores intelectuales de varios crímenes de guerra y/o actos de genocidio.
Para hacerlo claro y fácil de entender enumeraremos algunos puntos que son necesarios para entender por qué el accionar de la CPI carece de sentido alguno.
Por caso, Estados Unidos y Hungría (entre otros) se comunicaron directamente con Netanyahu para brindarle su apoyo. República Checa fue más allá y declaró que su Parlamento se encuentra en proceso de evaluación para suspender su membresía ante la CPI
O sea. Para que no queden dudas.
Que la CPI pretenda condenar a Israel genera un acto de inseguridad política sin precedentes para el mundo entero.
Porque de esta manera, podría entenderse que la misma Corte pueda actuar sobre cualquier país no adherente y le cambie las condiciones jurídicas o el status quo sobre su propio territorio destrozando así a la justicia local, pasándola por arriba sin tapujos.
Israel tiene su Poder Judicial que será el encargado, una vez que termine la guerra, de investigar, juzgar y (en tal caso) condenar a cada uno de los actores políticos y militares que hayan tenido diferentes niveles de cargo desde el 7 de octubre en adelante.
Pretender hacerlo antes y utilizando una justicia externa es, desde el punto de vista legal… una intromisión.
En un intento de presentarse como imparciales la Corte Penal Internacional decidió pedir también la detención de un terrorista de Hamás.
Se trata de Muhammad Deiff, uno de los cerebros de la organización que, hasta octubre pasado era comandada por Yihia Sinwar.
Deiff carga sobre sus espaldas con cientos de atentados realizados contra Israel a lo largo de su “carrera”
Según el fallo, al igual que Netanyahu y Galant, debe ser arrestado en el preciso momento en que pise el suelo de cualquiera de los países firmantes del Tratado de Roma.
Todo un acto de imparcialidad… sino fuera porque Muhammad Deiff fue eliminado a mediados de julio.
La Corte Penal queda expuesta con hechos como estos. Al final, la Corte Penal es una Corte que da pena.
Mientras tanto, aquí, en Israel, un país entero sigue esperando y reclamando el regreso de 101 personas que desde hace más de 400 días se encuentran secuestrados en la Franja de Gaza.
(*) Gabriel Astrovsky es corresponsal de A24 desde Israel
