La Cámara de Diputados avaló por unanimidad el inicio del proceso de destitución del mandatario, pese a que presentó su renuncia. La acusación incluye cinco causales relacionadas con el escándalo de Ueno Bank. El Senado deberá resolver si el procedimiento continúa.
La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó por unanimidad iniciar un juicio político contra el presidente Santiago Peña, en medio de la crisis institucional desatada por el escándalo financiero de Ueno Bank y la ruptura de sectores del oficialismo con el mandatario. La decisión se tomó pese a la renuncia presentada por el jefe de Estado y ahora deberá ser evaluada por el Senado, que tendrá la última palabra sobre la continuidad del proceso de destitución.
La iniciativa opositora, que posteriormente recibió el respaldo de sectores del oficialismo, reúne cinco causales vinculadas con presuntas irregularidades relacionadas con la entidad financiera intervenida por el Banco Central de Paraguay (BCP). En paralelo, los diputados rechazaron impulsar un procedimiento similar contra el vicepresidente Pedro Alliana, quien quedó en el centro de las discusiones sobre la sucesión presidencial.
La aprobación de la Cámara de Diputados no implica por sí sola la destitución de Peña. El expediente deberá ser tratado por el Senado, cuyos integrantes tendrán que determinar si corresponde continuar con el procedimiento o si la renuncia del presidente deja sin efecto la acusación.
La crisis política también estuvo marcada por el distanciamiento de dirigentes de la Asociación Nacional Republicana (ANR), el Partido Colorado, respecto del mandatario. La fractura dentro del oficialismo incrementó la presión sobre Peña y dejó abierta la discusión sobre quién quedaría al frente del Poder Ejecutivo.
En la misma instancia legislativa, la Cámara de Diputados rechazó iniciar un juicio político contra el vicepresidente Pedro Alliana. Su situación adquirió relevancia ante la posibilidad de que la salida de Peña del Gobierno lo coloque al frente del Poder Ejecutivo.
Alliana es uno de los dirigentes de mayor confianza del expresidente Horacio Cartes y tiene una extensa trayectoria dentro del Partido Colorado. Antes de ocupar la vicepresidencia, fue gobernador, diputado y presidente de la Asociación Nacional Republicana.
Su eventual llegada a la Presidencia quedó vinculada a la resolución de la crisis institucional y a la situación política de Peña, mientras el Senado debe pronunciarse sobre el proceso de destitución impulsado contra el mandatario.
La acusación presentada contra el presidente incluye cuestionamientos por un presunto conflicto de intereses derivado de su participación accionaria en Ueno Holding, el grupo empresario que controla Ueno Bank. También señala los vínculos entre la entidad financiera y sus propietarios, así como la colocación de fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) en esa institución.
Peña había sido accionista del holding hasta marzo de 2025. Entre los puntos cuestionados por los legisladores también aparecen la designación de Carlos Carvallo, ex directivo de Financiera Ueno, al frente del Banco Central, y los cambios promovidos por el Gobierno en la normativa sobre conflictos de intereses.
La controversia se profundizó cuando el BCP dispuso el procedimiento de resolución de Ueno Bank, luego de detectar incumplimientos de los requisitos mínimos de solvencia. La intervención alcanzó a una entidad que tenía cerca de tres millones de clientes y provocó fuertes reclamos de ahorristas y trabajadores.
